Bullrich: 14 Medidas del Protocolo Antipiquetes para Mantener el Orden Público
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un conjunto de medidas en un protocolo destinado a mantener el orden público y prevenir cortes de calles, rutas y puentes en Buenos Aires. Este anuncio ha generado controversia y críticas desde sectores de izquierda que lo consideran "inconstitucional" y "provocador". La ministra afirmó que se impedirá el acceso de manifestantes a la ciudad y se impondrán sanciones a quienes lleven niños a los piquetes, estableciendo así una clara posición: "El que las hace, las paga".
El Protocolo Antipiquetes anunciado por Bullrich punto por punto
En una conferencia de prensa, Bullrich destacó que se actuará hasta restablecer la circulación normal, asumiendo los gastos operativos de seguridad y trasladándolos a las organizaciones sociales involucradas. La ministra subrayó la necesidad de poner fin al desorden y a la falta de cumplimiento de la ley, enfatizando que las fuerzas federales utilizarán la fuerza mínima necesaria para garantizar la liberación de las vías públicas.
El Protocolo y sus 14 Medidas Clave
- Intervención de las fuerzas federales frente a cortes, piquetes y bloqueos, parciales o totales, sin tolerancia hacia el incumplimiento de la ley.
- Actuación conforme a los códigos procesales vigentes, permitiendo la intervención en delitos flagrantes según el artículo 194 del Código Penal.
- No considerar vías alternativas como excusa para permitir el bloqueo de vías principales.
- Persistencia en las acciones hasta lograr la liberación del espacio de circulación.
- Empleo de la fuerza de manera graduada y proporcional a la resistencia encontrada.
- Identificación de autores, cómplices e instigadores de los delitos.
- Registro de vehículos utilizados, conductores y confiscación de aquellos que incumplen normas de tránsito.
- Intervención en estaciones de tren para evitar posesión de material que obstruya la identificación de los manifestantes.
- Remisión de datos de involucrados a las autoridades correspondientes, incluso en el caso de bloqueos por entidades con personería jurídica.
- Notificación a un juez competente en caso de daño ambiental durante las protestas.
- Sanciones a quienes lleven a niños y adolescentes a manifestaciones en lugar de estar en la escuela.
- Facturación de costos operativos de seguridad a organizaciones o individuos responsables, eximiendo al Estado de estos gastos.
- Información a la Dirección Nacional de Migraciones sobre extranjeros con residencia provisoria involucrados.
- Creación de un registro de organizaciones que participen habitualmente en este tipo de manifestaciones.
Estas medidas, anunciadas en un contexto de recientes medidas económicas y convocatorias a movilizaciones, buscan establecer un marco legal claro y evitar alteraciones al orden público en manifestaciones futuras, pero han generado fuertes debates sobre su legalidad y legitimidad.
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