Confirman que el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos era extorsionado por una banda que operaba desde una cárcel
La Justicia confirmó que Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos el pasado mes de diciembre, era víctima de una red de extorsión que operaba desde cárceles bonaerenses. La organización criminal lo habría contactado a través de una aplicación de citas y lo sometió a constantes amenazas y exigencias de dinero.
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Extorsión a través de una app de citas
Según la investigación judicial, la banda utilizaba la aplicación “Evermatch” para captar víctimas mediante perfiles falsos de mujeres. Tras generar confianza, comenzaban el hostigamiento con un denominado “audio del terror”, seguido por la intervención de un supuesto policía que acusaba falsamente a la víctima de mantener una relación virtual con una menor de edad.
A partir de esa maniobra, le exigían importantes sumas de dinero para “evitar problemas judiciales”, en una modalidad que combina engaño, intimidación y manipulación psicológica.
La carta que fue clave en la investigación
El avance de la causa se apoyó en una carta que Rodrigo Gómez dejó antes de morir. En el escrito, el joven relató la angustia que atravesaba, las deudas que había contraído para cumplir con las exigencias económicas de los extorsionadores y la desesperación por no encontrar una salida a la situación.
Ese documento fue determinante para que la Justicia pudiera reconstruir lo ocurrido y profundizar la investigación.
Allanamientos y siete detenidos
Como resultado de un trabajo coordinado entre la Justicia Federal y el Gobierno, se logró desarticular la organización. Se realizaron múltiples allanamientos y se detuvo a siete personas.
Entre los arrestados hay tres individuos que ya se encontraban presos en unidades penitenciarias de Magdalena y La Plata, desde donde operaban utilizando teléfonos celulares como principal herramienta para concretar las maniobras delictivas.
Advertencia sobre una modalidad en crecimiento
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien encabezó la investigación, remarcaron la gravedad del caso y la necesidad de visibilizar esta modalidad de extorsión que se encuentra en expansión.
Además, señalaron el desafío que representa para el sistema penitenciario el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles, lo que permite que bandas criminales continúen delinquiendo aun estando privadas de la libertad.
El caso de Rodrigo Gómez vuelve a poner en agenda los riesgos de las estafas virtuales y la importancia de denunciar este tipo de hechos para evitar que más personas sean víctimas de redes delictivas que operan desde el anonimato digital.
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