
Anses y Provincia avanzaron para acordar la deuda histórica

En una audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representantes del Gobierno nacional y del Gobierno de Córdoba avanzaron en un nuevo acuerdo por la Deuda histórica Anses Córdoba mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial, correspondiente inicialmente a los años 2017-2021.
Nuevo acuerdo presentado en la Corte Suprema
Este paso forma parte del convenio “provisorio”, firmado en mayo de este año, que estableció una hoja de ruta para ordenar las acreencias pendientes. Aunque estaba previsto incluir también el año 2022, dificultades administrativas de Anses demoraron la confirmación del monto definitivo. Aun así, ambas partes se comprometieron a elevar la cifra antes del 17 de diciembre, y a completar la auditoría integral hasta 2024 antes de marzo próximo.
La delegación provincial estuvo encabezada por el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, junto a los abogados del estudio de Alberto García Lema. Como se había anticipado, el gobernador Martín Llaryora no asistió porque se trataba de una instancia técnica, centrada en la revisión contable entre ambas administraciones, sobre la deuda histórica Anses Córdoba.
Un reclamo que se arrastra desde 2022
El conflicto no es nuevo. En 2022, el entonces gobernador Juan Schiaretti inició dos demandas ante la Corte Suprema por los incumplimientos de Anses. Si bien el organismo envió fondos hasta 2023, no los actualizó, generando un desfase significativo con el sistema previsional cordobés.
En la audiencia conciliatoria del 14 de mayo, Nación y Provincia firmaron un acuerdo “a cuenta”, que permite actualmente que Córdoba reciba $5.000 millones mensuales, hasta completar $60.000 millones en marzo de 2026, mientras avanzan las auditorías cruzadas entre la Caja de Jubilaciones y Anses.
Deuda histórica Anses Córdoba: los dos frentes de negociación
La auditoría definirá la deuda acumulada
Las revisiones técnicas determinarán la deuda total que Anses mantiene con Córdoba, especialmente la generada durante la gestión nacional de Alberto Fernández. Sin embargo, en el Centro Cívico no creen posible un pago inmediato, ya sea en efectivo o en cuotas.
Una vez calculado el monto, la deuda ingresará al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una herramienta del Gobierno nacional para negociar compensaciones con provincias y CABA. Por eso, el foco de Llaryora no está en el cobro del total adeudado, sino en mejorar el flujo mensual de fondos.
Córdoba quiere triplicar el envío mensual
El convenio vigente fija un giro mensual de $5.000 millones, cifra considerada insuficiente por el Gobierno provincial. La meta es llevar ese monto a $15.000 millones mensuales, un incremento del 200%, cuando se renegocie el acuerdo en abril de 2026.
El antecedente que alimenta el optimismo es el caso de Entre Ríos, que pasó de recibir $2.000 millones a $6.000 millones hace apenas dos meses. Sin embargo, la negociación tiene un componente político: el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio es aliado de La Libertad Avanza, lo que podría haber facilitado ese acuerdo.
Si no hay acuerdo, Córdoba insistirá ante la Corte
Si Nación y Provincia no llegan a un nuevo entendimiento, Llaryora está dispuesto a que la Corte Suprema dicte sentencia. En el Gobierno cordobés aseguran tener antecedentes a favor, como el fallo de 2015, cuando el máximo tribunal obligó al gobierno de Mauricio Macri a pagar la deuda previsional reclamada por José Manuel de la Sota.
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