Ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner en la causa Vialidad
El Tribunal Oral Federal Nº 2 ordenó este martes ejecutar el decomiso de bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados en la llamada Causa Vialidad, luego de que la sentencia quedara firme. La medida incluye propiedades, terrenos, hoteles y activos vinculados a las maniobras de obra pública realizadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
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El TOF 2 dispuso avanzar con la ejecución del decomiso por casi $685.000 millones ante el incumplimiento de los condenados.
Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el decomiso se activa tras el incumplimiento del pago solidario de los montos establecidos en la sentencia.
Un decomiso millonario y sin precedentes
El tribunal —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— definió la ejecución sobre 122 bienes inmuebles identificados como “producto o instrumento del delito”, o incorporados al patrimonio de los acusados durante el período investigado.
El monto original del decomiso, fijado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos a $684.990 millones, siguiendo los parámetros validados por la Corte Suprema. Ante la falta de pago de los condenados, el TOF 2 ordenó avanzar con la venta y realización de los activos.
Entre los bienes se encuentran propiedades del empresario Lázaro Báez y de empresas de su grupo —Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto— además de hoteles, departamentos y terrenos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
También figura un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Los fundamentos del tribunal
En su resolución, el TOF 2 sostuvo que quedó probado un esquema de direccionamiento de obra pública con sobreprecios, falta de controles y cartelización que generó un crecimiento patrimonial ilícito en favor de Lázaro Báez y su vínculo económico con la familia Kirchner.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas sobre falta de nexo con el delito, sobreseimientos previos o posible afectación a terceros legítimos. Recordó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable absoluta, sino una relación razonable entre los bienes y los beneficios obtenidos mediante corrupción.
Además, respaldó la medida en los estándares de la Convención de la ONU contra la Corrupción, que promueve la recuperación de activos como mecanismo central para combatir estos delitos.
Destino de los fondos recuperados
El tribunal ordenó tasar los bienes decomisados y comunicar los resultados a la Corte Suprema para su eventual utilización en el servicio de justicia. También dispuso su incorporación a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
En paralelo, sugirió que los fondos recuperados se destinen a reparar daños sociales, especialmente en Santa Cruz, donde numerosas obras viales inconclusas generaron un fuerte perjuicio para la infraestructura provincial.
Luciani ya había reclamado la ejecución
El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación en el juicio, había insistido semanas atrás en que el decomiso debía ejecutarse “sin más demoras”.
“El decomiso está firme. Hay que ejecutar. Se intimó a las partes a pagar más de 500 millones de dólares y no pagaron. Hay que ir por los bienes”, sostuvo durante un almuerzo del Rotary Club.
Junto a Sergio Mola, Luciani pidió que el tribunal actuara de inmediato, luego de que venciera el plazo de 10 días hábiles para que los condenados abonaran los $684.990.350.139,86 establecidos en la sentencia.
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