
Gobierno envió un proyecto para modificar la ley de Emergencia en Discapacidad: reempadronamiento, auditorías y cambios en pensiones

El Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar puntos centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de una nueva disputa política tras el veto presidencial y la posterior ratificación legislativa de la norma original. Esto generaría cambios en la pensión por discapacidad 2026.
- Nuevas reglas para las PNC por invalidez laboral
- Reempadronamiento obligatorio para beneficiarios de pensiones
- Auditorías y controles cruzados sobre las pensiones
- Cambia la compatibilidad entre pensión y trabajo formal
- Qué pasará con el monto de la pensión por discapacidad 2026
- Cambios en financiamiento y prestaciones
- También ingresó la reforma de la Ley de Salud Mental
- Se abre una nueva discusión en el Congreso
Nuevas reglas para las PNC por invalidez laboral
La iniciativa, denominada Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, plantea una profunda reforma sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, con eje en auditorías, reempadronamiento obligatorio y nuevas restricciones para conservar el beneficio.
El proyecto también incluye cambios en el financiamiento del sistema, modificaciones sobre prestaciones y, además, ingresó junto con una propuesta de reforma de la Ley de Salud Mental.
Reempadronamiento obligatorio para beneficiarios de pensiones
Uno de los puntos más importantes del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez laboral.
Según la propuesta, los beneficiarios tendrán 90 días para actualizar datos personales, médicos y socioeconómicos, con posibilidad de una prórroga de otros 30 días.
La medida contempla modalidades:
Cómo podría hacerse el reempadronamiento
- Presencial
- Remoto
- Modalidad mixta
El objetivo, según el texto oficial, es garantizar accesibilidad y contemplar distintas realidades territoriales.
Sin embargo, el proyecto establece que quienes no cumplan con el reempadronamiento podrían sufrir la suspensión automática de la pensión, e incluso la baja del beneficio.
Auditorías y controles cruzados sobre las pensiones
Otro de los ejes centrales son las auditorías periódicas para revisar si los beneficiarios cumplen con los requisitos exigidos.
Los controles incluirían cruces de datos entre:
- ANSES
- ARCA
- SINTyS
- Otros organismos públicos
Si se detectan inconsistencias o incumplimientos, la autoridad de aplicación podría disponer suspensiones preventivas.
Desde el oficialismo fundamentan estas medidas en un informe que muestra que las pensiones pasaron de 76.000 en 2003 a 1,2 millones en 2023, dato que el Gobierno usa para justificar mayores controles.
Cambia la compatibilidad entre pensión y trabajo formal
Uno de los cambios más sensibles está en el artículo que regula la relación entre la pensión y el empleo registrado.
Hasta ahora, la ley permitía mantener la prestación si la persona accedía a un trabajo formal con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
Qué propone el nuevo proyecto
La nueva iniciativa establece la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier vínculo laboral formal.
Este punto podría impactar de lleno en personas con discapacidad que actualmente trabajan y cobran una pensión.
Qué pasará con el monto de la pensión por discapacidad 2026
El proyecto mantiene que la prestación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Pero elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo otorgue aumentos adicionales vinculados a:
- Invalidez laboral
- Zona geográfica desfavorable
Este cambio también forma parte de la revisión del esquema actual de financiamiento.
Cambios en financiamiento y prestaciones
Otro capítulo del proyecto modifica aspectos relacionados con recursos para el sistema.
Se plantea:
- Asignar partidas al Ministerio de Salud
- Prever compensaciones presupuestarias desde el Tesoro
- Eliminar la actualización automática de aranceles por movilidad jubilatoria
- Permitir convenios con provincias y la Ciudad para administrar prestaciones
Además, el texto aclara que la universalidad de derechos no implicará iguales aranceles en todas las jurisdicciones, sino un piso mínimo prestacional común.
También ingresó la reforma de la Ley de Salud Mental
Junto con este proyecto, el Ejecutivo envió una propuesta para modificar la Ley de Salud Mental.
La iniciativa amplía el alcance de la norma para incorporar:
- Prevención
- Tratamiento
- Rehabilitación
- Recuperación
Ambos proyectos deberán comenzar ahora su tratamiento legislativo en el Congreso.
Se abre una nueva discusión en el Congreso
Con este envío, vuelve a abrirse el debate sobre el sistema de discapacidad, las pensión por discapacidad 2026 y los cambios impulsados por el Gobierno.
Mientras el oficialismo defiende mayores controles para evitar irregularidades, sectores de la oposición y organizaciones sociales ya anticiparon cuestionamientos por el reempadronamiento obligatorio, las suspensiones automáticas y la incompatibilidad entre trabajo y pensión por discapacidad.
La discusión legislativa promete convertirse nuevamente en uno de los temas sociales y políticos más sensibles de las próximas semanas.
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