
El Gobierno elimina contrataciones Irregulares y Pensiones Fraudulentas

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy que el Gobierno Nacional ha finalizado más de 2.400 contrataciones irregulares que se mantenían durante décadas a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Además, se ha dado de baja 1.796 pensiones por invalidez otorgadas en la provincia del Chaco a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas.

Auditoría en Chaco: Más del 60% de las pensiones no cumplían con los requisitos
Una nueva auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad reveló una situación alarmante en Chaco. En una localidad, más del 80% de los beneficiarios percibían pensiones sin cumplir los requisitos, y varios casos involucraban diagnósticos médicos falsos. En total, de los 2.344 beneficiarios auditados en la provincia, solo 365 (aproximadamente el 13.58%) resultaron favorables y cumplieron con los requisitos para seguir recibiendo el beneficio.
Más de 2.400 contrataciones irregulares y 1.796 pensiones por invalidez fueron dadas de baja en Chaco
Adorni precisó que de los 1.796 casos restantes, un 66.79% no cumplió con las exigencias para mantener la pensión, y por lo tanto serán dados de baja. Además, otros 345 beneficiarios no asistieron a la auditoría, y 183 casos permanecen en fiscalización médica.
El gobierno refuerza la lucha contra la corrupción y el fraude
El vocero destacó que, con estas medidas, el gobierno está comprometido a eliminar cualquier tipo de irregularidad que implique perjuicio al Estado y que beneficie a unos pocos en detrimento de muchos. Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas adoptadas por el gobierno para mejorar la transparencia y optimizar los recursos públicos.
Adorni también comentó sobre otras acciones, como la finalización de más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA, la supresión del pago de incentivos al personal del Ministerio que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos, y la eliminación del monopolio que mantenía el sindicato de colectiveros UTA sobre las capacitaciones de conductores profesionales.
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