El Gobierno apeló la cautelar que lo obliga a pagar deudas con prestadores de PAMI, pero la Justicia mantiene la orden vigente
El conflicto entre el Gobierno nacional y los prestadores que trabajan con la obra social e Incluir Salud sumó un nuevo capítulo judicial. La administración nacional presentó una apelación contra la medida cautelar que la obliga a regularizar las deudas de PAMI pendientes con los prestadores de discapacidad en un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, la Justicia resolvió que esa obligación continúa vigente mientras se analiza el fondo de la causa.
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La medida judicial sigue en pie mientras se define el conflicto de fondo
La decisión representa un alivio para miles de familias que dependen de estas prestaciones para continuar con tratamientos médicos, terapias y acompañamiento especializado.
Qué resolvió la Justicia sobre las deudas de PAMI
El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja concedió la apelación presentada por el Estado nacional, aunque aclaró que lo hizo con “efecto devolutivo”. Esto significa que, aunque el expediente siga avanzando en instancias superiores, la medida cautelar debe cumplirse de inmediato.
De esta manera, el Gobierno continúa obligado a cancelar las deudas reclamadas por los prestadores mientras la Cámara Federal analiza la cuestión de fondo.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Estado “está en mora” respecto de sus compromisos básicos con el sector y remarcó que el derecho a la salud de los pacientes no puede quedar condicionado a los tiempos administrativos o judiciales.
El amparo colectivo que originó el fallo
La cautelar había sido dictada hace diez días en Córdoba como respuesta a un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación de la organización Defendamos Córdoba, junto a instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad, como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione.
La medida tiene una vigencia de seis meses y busca garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y beneficiarios de pensiones no contributivas.
Desde la Justicia advirtieron que las demoras en los pagos ya estaban generando consecuencias graves en los pacientes. Según el fallo, la interrupción o el retraso de tratamientos puede provocar retrocesos significativos en el desarrollo y en la calidad de vida, además de una sobrecarga física, emocional y económica para las familias cuidadoras.
También sigue el debate por los pasajes gratis de larga distancia
En paralelo al reclamo por prestaciones de discapacidad, el Gobierno ratificó que continúa vigente la gratuidad de los pasajes de larga distancia para personas con discapacidad y menores con diagnóstico oncológico.
Aunque recientemente se eliminaron subsidios destinados al transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmó que las empresas de micros deberán seguir garantizando los viajes sin costo.
Sin embargo, desde el sector empresario advirtieron que la medida se implementa en medio de una deuda acumulada que, según denunciaron, ya supera los $27 mil millones.
Crece la preocupación entre familias y prestadores
El avance judicial sobre las deudas de PAMI mantiene en alerta tanto a las familias como a las instituciones prestadoras. Muchas organizaciones vienen reclamando desde hace meses por demoras en pagos, actualización de aranceles y falta de previsibilidad en la continuidad de los servicios.
Mientras la Cámara Federal define la apelación presentada por el Gobierno, la cautelar continúa activa y obliga al Estado a cumplir con los pagos reclamados. Para miles de pacientes y sus familias, el fallo representa una medida clave para evitar interrupciones en tratamientos esenciales.
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