Cambian las jubilaciones ANSES: qué va a pasar con los haberes según el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional introduce modificaciones y proyecciones que anticipan cambios relevantes en el sistema previsional y en las prestaciones sociales administradas por ANSES. En las planillas anexas del proyecto oficial se observan recortes en la cantidad de beneficiarios de programas clave como las pensiones no contributivas por invalidez, las jubilaciones y pensiones del sistema general y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La reducción proyectada no es uniforme, pero marca un giro en la política social. Desde distintos sectores advierten que el ajuste no se anuncia de manera explícita, sino que aparece en la letra chica del Presupuesto, con impacto directo sobre jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas.

Qué hará el Gobierno con los jubilados de ANSES

El dictamen impulsado por La Libertad Avanza respalda el esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24, que prevé actualizaciones mensuales según la inflación, sin aumentos adicionales.

De esta forma, los haberes de enero de 2026 se definirán por la inflación de noviembre de 2025, con un incremento estimado del 2,47%. Con ese ajuste, la jubilación mínima superaría los $349.000 y podría acercarse o superar los $419.000 si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los ingresos más bajos.

La propuesta alternativa: aumento de emergencia

Desde el bloque de Unión por la Patria se impulsó un dictamen alternativo que propone un incremento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones de ANSES, excluyendo regímenes especiales. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2025.

El proyecto también planteaba elevar el bono de $70.000 a $110.000 y actualizarlo mensualmente por inflación. Además, contemplaba la restitución por dos años de la moratoria previsional, permitiendo jubilarse a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. La medida quedó sujeta al tratamiento del Senado y a posibles vetos presidenciales.

Dictamen de bloques provinciales

Un tercer dictamen, impulsado por bloques minoritarios, proponía un esquema intermedio: actualizar los haberes en función de una combinación entre inflación (IPC) y salarios (RIPTE). El proyecto incluía una recomposición anual en marzo, tomando parte de la diferencia positiva entre salarios e inflación del año anterior.

Fuerte recorte en pensiones por invalidez

El ajuste más significativo aparece en las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laborativa. Para 2025 se estimaban 1.133.549 beneficiarios, mientras que para 2026 la proyección cae a 977.943, una reducción de 155.606 personas, equivalente al 13,7%.

Desde el Ejecutivo argumentan que se trata de un proceso de revisión para detectar incompatibilidades o irregularidades. Sin embargo, el impacto concreto es que más de 155 mil personas podrían perder su único ingreso, sin que el Presupuesto detalle los motivos específicos de cada baja.

Jubilaciones y pensiones del sistema general

En el conjunto del sistema previsional —que incluye jubilaciones, pensiones y retiros— también se proyecta una caída. El promedio anual de beneficiarios pasaría de 7.520.637 en 2025 a 7.501.700 en 2026, una baja de 18.937 personas (0,25%).

Aunque el porcentaje es menor, el dato resulta relevante en un sistema que históricamente crecía año tras año. El debate ya no se centra en ampliar la cobertura, sino en administrar un sistema con menos beneficiarios, dejando abierta la pregunta sobre el futuro de quienes llegan a la edad jubilatoria sin cumplir los requisitos.

Menos beneficiarios de la AUH

La Asignación Universal por Hijo también muestra una reducción. Para 2025 se estimaban 4.113.370 niños y adolescentes alcanzados por el programa, mientras que para 2026 la cifra bajaría a 4.096.069, es decir, 17.301 menos (0,42%).

El Gobierno sostiene que la AUH sigue siendo prioritaria y que la variación responde a cambios demográficos y a la formalización laboral. Desde la oposición, en cambio, cuestionan que la baja se produzca en un contexto de alta pobreza infantil y pérdida del poder adquisitivo, donde cualquier recorte tiene impacto directo en el consumo y las condiciones de vida de millones de hogares.

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