La Justicia ordena recalcular jubilaciones por la pérdida de poder adquisitivo
Una sentencia en Córdoba se suma a otros fallos que exigen actualizar las jubilaciones según la inflación acumulada
Evalúan un recalculo de jubilaciones en un nuevo revés judicial para la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó una sentencia de primera instancia que declara inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada entre 2021 y marzo de 2024.
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La Justicia evalúa ordenar el recalculo de las jubilaciones
Este mecanismo, establecido por la ley 27.609 durante el gobierno de Alberto Fernández, fue duramente cuestionado por su impacto negativo en el poder adquisitivo de los jubilados.
Con esta resolución, Córdoba se convierte en la cuarta jurisdicción –junto a Mendoza, Mar del Plata y Salta– en rechazar la legalidad del sistema de movilidad basado en la variación de salarios y recaudación impositiva. La Cámara ordenó a la ANSES recalcular los haberes de la jubilada demandante, aplicando en su lugar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, es decir, el mecanismo vigente desde abril de 2024 por decreto del actual gobierno.
Los jueces Abel Guillermo Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos firmaron el fallo correspondiente a la causa “Algarbe, Cristina Del Valle c/Anses”, en el que se remarca que, aunque la ley ya no está vigente, “el daño causado debe ser reparado”. Según los magistrados, el esquema de movilidad anterior violó el derecho de propiedad y garantías constitucionales establecidas en el artículo 14 bis.
Proponen un Recalculo de jubilaciones
La decisión de Córdoba se alinea con antecedentes como el caso “Gimenez, Mirta Noemí c/Anses”, resuelto en Mar del Plata en abril de este año, donde se determinó que durante la vigencia de la ley 27.609 las jubilaciones de quienes no cobraron bonos perdieron más del 50% de su poder de compra. En Mendoza, el expediente “Cortés, Leonardo Evaristo c/Anses” también llevó a un fallo que rechaza la prolongación en el tiempo de los efectos de los decretos de emergencia emitidos en 2020.
Por su parte, en Salta, el caso del jubilado José Rubén Palavecino resultó en una sentencia que ordenó aplicar incrementos no discrecionales y con un piso mínimo, cuestionando la legalidad de las decisiones adoptadas durante el primer año del gobierno anterior.
La Corte Suprema deberá definir el futuro de las jubilaciones
A pesar de los avances judiciales, los efectos de estas resoluciones aún son limitados: benefician solo a los demandantes individuales y están sujetas a apelaciones. Todos los caminos conducen ahora a la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si la fórmula derogada violó derechos fundamentales y si corresponde una reparación más amplia y posiblemente, aplicar un recalculo de jubilaciones.
El abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que, con esta nueva sentencia, se consolida una tendencia donde la inflación es reconocida como el índice mínimo aceptable para asegurar una movilidad justa. Sin embargo, advirtió que el actual sistema no contempla compensaciones por las pérdidas acumuladas en años anteriores.
En este contexto, crecen las expectativas de miles de jubilados que esperan una resolución definitiva y la posibilidad de recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
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